Los dueños de restaurantes de Vallejo piden medidas enérgicas contra los vendedores ambulantes de comida

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VALLEJO — Si recorre Vallejo, Vacaville o Fairfield cualquier noche entre semana, es posible que se encuentre con largas colas frente a los puestos de vendedores ambulantes de comida. Los vendedores ambulantes son populares, no solo por la comida que sirven, sino porque sus precios suelen ser más bajos que los de un restaurante. Un taco puede costar entre 3 y 8 dólares en un restaurante tradicional, mientras que un vendedor ambulante puede venderlo por 1 o 2 dólares.

Los clientes están contentos con la rebaja de precios, pero muchos dueños de restaurantes y de camiones de comida autorizados (food trucks) están furiosos. Un grupo de ellos se unió en enero para presentar quejas en las reuniones de los consejos municipales de todo el condado de Solano, así como ante la Junta de Supervisores. Alegaron que los vendedores ambulantes representan una competencia desleal y están perjudicando sus negocios y solicitaron que se prohíban los puestos de los vendedores ambulantes que no tienen permisos en el condado de Solano.

En una carta leída durante una reunión del consejo municipal de Fairfield, el grupo afirmó que los vendedores ambulantes no pagan impuestos, permisos ni renta y no pasan por inspecciones de salud, “por lo cual pueden ofrecer un precio más económico, y como resultado, nos afecta a nosotros al mantener nuestra clientela, a todos los que sí cumplimos con todas las regulaciones que se nos exigen”.

Si el gobierno no hace nada para detener a los vendedores ambulantes, continúa la carta, “lo más justo serpia que a nosotros, las pequeñas empresas, tampoco nos cobren [ni impuestos ni tasas por permisos], o nos exijan seguir las regulaciones y nos permitan trabajar igual que a ellos”.

La vicealcaldesa de Vallejo, Mina Loera-Díaz, ha tenido una relación larga y positiva con los dueños de restaurantes de la ciudad e incluso presionó para aprobar una micro subvención de 3.000 dólares para que pudieran efectuar mejoras de seguridad. Pero también apoya el derecho de los vendedores ambulantes a tener un negocio. “Estoy a favor de los negocios”, dijo en una entrevista. “Quiero que los dueños de restaurantes salgan ganando y que los vendedores ambulantes salgan ganando”.

Loera Díaz, que tenía 4 años cuando su familia emigró a Estados Unidos desde México, dijo que es muy sensible a las dificultades que enfrentan los inmigrantes. “Mis padres me decían desde pequeña que, de la misma manera que alguien nos dio una mano, nosotros también debemos ayudar a los demás”, afirmó.

Para lograr una solución que beneficie a ambas partes, Loera Díaz ha propuesto una ordenanza que pide a los vendedores ambulantes del condado de Solano que cumplan con la ley, pero les da tiempo para tramitar sus permisos. La ordenanza se va a presentar en la reunión del Ayuntamiento de Vallejo el martes. La ordenanza, dijo Loera Díaz, “debería tener un componente educativo. Deberíamos ofrecer a los vendedores ambulantes 120 días para aprender cómo obtener su licencia y su permiso, cómo poner sus negocios al día con la normativa y guiarlos a través del proceso de solicitud”.

Aunque la ordenanza publicada no menciona un programa educativo, permite 120 días después de su aprobación final y hasta que entre en vigor.

La vicealcaldesa dijo que ella impulsó un proceso educativo similar hace 12 o 13 años para vendedores de mangos a través de su organización sin fines de lucro, Díaz & Loera Centro Latino. “Algunos cumplieron y otros no y se mudaron de la ciudad”, dijo, “pero tuvieron que poner vidrio alrededor de su carrito, y tener agua para lavarse las manos, etc.”.

Ella estaría dispuesta a hacer lo mismo nuevamente para los vendedores ambulantes de comida una vez que su mandato termine a finales de este año, sin recibir ninguna compensación, dijo.

La falta de agua corriente y alimentos que no se mantienen a la temperatura adecuada son algunos de los riesgos para la salud que enfrentan los clientes de los vendedores ambulantes de comida, según César Hernández, propietario del restaurante Burrito Palace en Vacaville.

“Entiendo que la vida es difícil para todos y que todos quieren ganar un dólar”, dijo Hernández, “pero si venden comida, tienen que hacerlo bien y pasar las inspecciones del departamento de salud, porque no están en el sistema y no están supervisados”.

La división entre ambas partes se ha vuelto a veces polémica. Hernández dijo que el agosto pasado recibió una visita del Departamento de Salud y cuando le contó al inspector sobre un vendedor ambulante que estaba afectando su negocio, el inspector le pidió que tomara fotografías de su carro, la matrícula de su automóvil y su ubicación.

Cuando estaba tomando las fotos, los dueños del carro lo vieron. Hernández se alejó y, según dijo, “dos hombres se subieron a un auto y comenzaron a seguirme. Colocaron su auto al lado del mío y me preguntaron: ‘¿Has estado tomando fotos de nosotros?’. Les dije: ‘Sí, ¿cuál es el problema?’”. Después de intercambiar más palabras acaloradas, se alejaron.

El sábado siguiente, uno de los hombres llegó a su restaurante con un hombre mayor y le exigió a Hernández que saliera con ellos a la calle “para hablar”. Hernández se sintió amenazado y se negó a seguirlos. El martes siguiente, “el mismo tipo puso su cocina aquí afuera, en el parqueadero donde está mi restaurante”, dijo Hernández. “Le hablé a la dueña del edificio, y llamó a la policía”. Cuando la policía llegó, el vendedor ambulante se fue. Desde se volvió a poner donde estaba antes, aunque Hernández no lo ha visto en el último mes.

Varios dueños de restaurantes se negaron a ser entrevistados oficialmente para este artículo por temor a represalias. Los vendedores ambulantes también rechazaron las solicitudes de entrevistas.

En junio, la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Solano organizó una reunión en la que la parlamentaria de la cámara, Tina Fowler, abordó la posibilidad de crear una “línea del soplón” (a snitch line), un número de teléfono al que cualquiera podría llamar para denunciar la presencia de un vendedor ambulante. A la reunión asistieron algunos propietarios de negocios y varios funcionarios de la ciudad de Vallejo, entre ellos la fiscal de la ciudad, Verónica Nebb, el administrador de la ciudad, Andrew Murray, el alcalde, Robert McConnell, Loera Díaz y personal de los departamentos de Cumplimiento de Códigos y Desarrollo Comercial.

A Loera Díaz le horrorizó la idea. “No creo que estemos aquí para dividir comunidades”, dijo. “Creo que estamos aquí para unificar comunidades”.

Fowler dijo que cometió un error al llamar a ese teléfono "la línea del soplón".

“Simplemente usé una terminología incorrecta”, dijo en una entrevista. “Lo que dije fue que durante la pandemia había una línea de soplones. Se podía llamar y decir si alguien en la ciudad no usaba mascarilla o no obligaba a sus empleados a usarla. Y pregunté por qué se hacía tanto hincapié en la salud durante la pandemia, pero no tenemos nada parecido cuando la gente sirve comida desde el maletero de su coche sin ningún permiso sanitario”.

Fowler afirmó que la Cámara nunca intentó cerrarle el paso a nadie. “Nadie está enojado con el tipo que pone su carrito ambulante y tal vez no tiene los permisos necesarios”, dijo. “La Cámara quiere ayudarlos a que se eduquen”. Al mismo tiempo, agregó, “la Cámara estaba tratando de crear una voz para algunos de nuestros miembros que sentían que la ciudad y el condado no los escuchaban en un tema que los estaba perjudicando mucho”.

Después de la reunión de junio, el grupo de dueños de restaurantes contrató a Fowler como consultora independiente para que los siguiera representando. Fowler enfatizó que los dueños de restaurantes autorizados no temen la competencia. Simplemente quieren que los vendedores ambulantes se responsabilicen de las mismas reglas y regulaciones.

“El código municipal establece que se necesita tener una cantidad X de estacionamiento en un restaurante”, dijo Fowler. “Uno de mis clientes no tenía suficiente estacionamiento y tuvo que negociar con las áreas circundantes para poder abrir. Esto retrasó su apertura durante meses. Sin embargo, tienes cinco vendedores ambulantes de comida diferentes instalados en un lugar que es completamente inseguro y sin lugares de estacionamiento para ninguno de ellos”.

Asimismo, dijo, los dueños de restaurantes no pueden cocinar tacos al pastor en un trompo, o asador vertical, en un espacio abierto porque va en contra de las pautas de salud. “Pero los vendedores ambulantes están literalmente colocando un trompo al aire libre, directamente debajo de un sitio de construcción, al costado de la carretera”, dijo.

El 22 de noviembre, Loera Díaz se reunió con la alcaldesa de Suisun City, Alma Hernández, la concejal de Fairfield, Doris Panduro, y el concejal de Vacaville, Michael Silva, con la intención de llegar a un consenso sobre el problema de los vendedores ambulantes en todo el condado de Solano. “Se mostraron abiertos al diálogo”, dijo Loera Díaz, “y eso es todo lo que quiero, tener un diálogo abierto”.

Incluso si el Ayuntamiento de Vallejo decide el próximo martes aprobar la ordenanza sobre vendedores ambulantes de comida, su aplicación podría ser complicada, admitió Loera Díaz. El Departamento de Cumplimiento del Código no cuenta con suficiente personal y es probable que los vendedores ambulantes que no legalicen su negocio sigan operando después de las 5 de la tarde o los fines de semana, cuando el personal no está trabajando.

Fowler está de acuerdo en que la aplicación de la ley será difícil, pero, dijo, "no es nuestro trabajo resolver la aplicación de la ley. Es el trabajo de la ciudad". Agregó que en Vacaville, los dueños de restaurantes cuentan con el apoyo del Departamento de Policía, el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Planificación y el Departamento de Cumplimiento de Códigos. Cuando aparece un vendedor ambulante, van y, si ven que no tiene los permisos adecuados o no está en una zona que permita restaurantes temporales, les piden que se vayan.

"Si la ciudad lo maneja bien, podrían surgir muchas cosas positivas", dijo Fowler, "pero en este momento, al no llevar ningún tipo de control, está perjudicando a las empresas que siguen las reglas y las está penalizando por hacer las cosas de la manera correcta".