El sheriff de Solano habla sobre las interacciones con el ICE en 2025 en la reunión de la Junta de Supervisores

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FAIRFIELD – El sheriff del condado de Solano, Bradley DeWall, informó el martes por la mañana a la Junta de Supervisores que su oficina notificó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la liberación de un recluso en nueve ocasiones el año pasado. 

DeWall explicó que la oficina del sheriff está obligada a celebrar un foro público comunitario si la agencia ha facilitado al ICE acceso a alguna persona bajo su custodia durante el año anterior. DeWall indicó que no habían celebrado estos foros en los últimos años porque no contaban con datos que reportar, "pero el año pasado eso cambió".

La oficina del sheriff registró a 11.600 personas en el Centro de Detención del Centro de Justicia en Fairfield en 2025. De esos arrestos, el ICE envió a la oficina del sheriff una "orden de detención migratoria" para 181 personas. Esta orden es una solicitud que el ICE envía a las fuerzas del orden locales para retener a una persona de interés hasta 48 horas después del momento previsto para su liberación, para registrarla bajo custodia del ICE. 

DeWall declaró que, de esas 181 personas, solo nueve cumplían con los criterios que requerían compartir información con el ICE. El departamento del sheriff no retuvo a esas nueve personas más allá de la fecha de liberación prevista, pero sí notificó al ICE sobre su liberación.

De esas nueve personas, solo una fue transferida a la custodia del ICE en 2025. DeWall enfatizó que la detención de esa persona fue resultado de una orden judicial firmada por un juez federal.

DeWall explicó que la oficina del sheriff opera bajo varias leyes superpuestas que dictan cómo cooperar con el ICE.

California se considera un estado santuario debido al Proyecto de Ley 54 del Senado de 2018, también conocido como la Ley de Valores de California, que prohíbe a las agencias policiales locales utilizar recursos para la aplicación de las leyes federales de inmigración. Asimismo, restringe a las autoridades locales la detención de personas únicamente por infracciones civiles de inmigración y también restringe el intercambio de cierta información personal con agentes federales.

Además, en 2014, California aprobó la Ley TRUST, que establece que las fuerzas del orden locales no retendrán a las personas más allá de su fecha de liberación programada y no notificarán al ICE sobre los arrestos a menos que esa persona tenga "antecedentes graves". Los legisladores de California también aprobaron la Ley TRUTH en 2017, que establece que las fuerzas del orden locales deben informar a una persona bajo custodia si ICE ha solicitado acceso a ella. 

“Cuando uno empieza a analizar la SB 54 y las leyes que la rodean, resulta muy complejo determinar cuándo podemos cooperar, y contamos con una política integral y una matriz que seguimos en cada situación”, dijo DeWall. Pero, en resumen, explicó que cuando comparten información, lo hacen “en función de muchos delitos violentos y cuestiones de seguridad pública”. 

DeWall explicó que la comunicación con las agencias federales comienza cuando una persona es arrestada, fichada y se le toman las huellas dactilares. Estas se envían automáticamente al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y al FBI. Si alguno de estos departamentos tiene interés en un individuo, solicita información a la oficina del sheriff. DeWall indicó que su oficina sigue entonces un proceso de decisión para determinar si cooperarán o no con la solicitud.

Las leyes exigen que la oficina del sheriff proporcione a la persona objeto de la solicitud federal los formularios de consentimiento en su idioma, que les muestren a ellos y a su representante cualquier documento que hayan recibido del ICE y les notifique si tienen la intención de cumplir con una solicitud del ICE.

La supervisora Wanda Williams solicitó aclaraciones sobre las nueve personas. DeWall explicó que solo nueve personas cumplían con los criterios establecidos por las tres leyes. No está claro por qué el ICE estaba interesado en las otras 172 personas.

“Solo podemos hablar sobre esos nueve; son los únicos con los que cooperaremos”, dijo DeWall. Añadió que “no retienen a nadie más allá de su fecha de liberación”. 

Los supervisores mencionaron el reportaje publicado la semana pasada por el Vallejo Sun, según el cual el ICE había estado en Vallejo al menos 21 veces en 2025, basándose en notificaciones enviadas al departamento de policía de la ciudad. Williams preguntó si había habido alguna actividad del ICE en su distrito, que abarca Fairfield y Suisun City.

DeWall dijo que “todas las agencias de aplicación de la ley recibirán notificaciones, por lo general, si [ICE] está llevando a cabo algún tipo de operación en nuestra área”, pero agregó que “no es obligatorio, no tienen que hacerlo”. 

“Lo hacen para evitar conflictos y un incidente grave con nosotros”, añadió DeWall. “Han tenido presencia en muchas de nuestras ciudades del condado de Solano y, por consiguiente, notifican a las agencias”.

Según los registros públicos obtenidos por el periódico Sun, los departamentos de policía de Fairfield y Suisun City no recibieron ninguna notificación del ICE sobre su presencia en la comunidad. Sin embargo, un representante de North Bay Rapid Response, un grupo activista que monitorea los encuentros con el ICE, afirmó que tenían conocimiento de 12 detenciones en Fairfield y una en Suisun City en 2025.